Hace algunos días, el Canciller chileno Andrés Allamand visitó la Unión Europea y la OCDE. En su paso por la ciudad de Bruselas, a pesar de la prohibición de manifestaciones públicas a causa de la pandemia de Covid 19, Allamand debió enfrentar una improvisada “funa” por parte de ciudadanos chilenos en el frontis de la embajada de Chile cuando acudía a dar una conferencia de prensa. Bajo los gritos ¡Allamand fascista es un terrorista! y ¡Allamand asesino no eres bienvenido!, el Canciller descendió rápidamente de su auto mientras en la embajada se cerraban rápidamente ventanas y cortinas. Los manifestantes señalaron a periodistas que Andrés Allamand es un fascista de la primera hora, perteneciente al Comando Rolando Matus que contribuyó a la caída del gobierno democrático de Salvador Allende abriendo paso así, a la larga noche fascista en nuestro pais.
Por su parte, Josep Borrel, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, emitió, al término de la visita, una escuálida nota de prensa haciendo caso omiso de la carta abierta firmada por alrededor 50 asociaciones chilenas activas en el extranjero y 3 plataformas internacionales que agrupan a los chilenos del exterior: Chile Somos Todos, La Red Europea de chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos y Que Chile Decida Exterior. Carta que había sido previamente enviada al Alto Representante.
En dicha misiva se le plantearon al Señor Borrell dos cuestiones de gran relevancia para los pueblos de Chile y que, al mismo tiempo, están vinculadas al Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia para el periodo 2020-2024.
Por un lado, se mencionaron las graves violaciones cometidas por el actual gobierno de Sebastián Piñera en el marco de las movilizaciones sociales que se vienen desarrollando en Chile desde el 18 de octubre 2019 y que abrieron paso, al proceso constituyente en curso en el país. Entre ellas: uso excesivo de la fuerza por parte del cuerpo policial contra los manifestantes, ejercicio de violencia sexual (70 casos), utilización de armas letales que costaron la vida a 40 manifestantes y graves lesiones oculares a 465 personas, detención arbitraria de manifestantes con 5084 formalizaciones y dentro de los cuales se cuentan 648 casos en prisión preventiva y 735 condenados. En la misiva se comunicaron enlaces de diferentes organizaciones de derechos humanos para corroboración de estos datos. Entre ellas: el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y organizaciones internacionales tales como: Human Rights, Amnesty Internacional, órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano de justicia. Sin olvidar las violaciones constantes a las comunidades indígenas en su lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales y su autodeterminación.
Por otro lado, en la misma misiva, se advirtió al Sr. Borrell sobre la violación, en el Proceso Constituyente en curso en el país, de los estándares democráticos y del respeto del Convenio 25 del Pacto Internacional de los Derechos Cívicos y Políticos y donde no se está asegurando el ejercicio del voto pleno y sin discriminación a toda la ciudadanía. Es así como más de 1.000.000 de chilenos que viven fuera del país están quedando sin representación en la Instancia Constituyente. Hasta la fecha, tampoco están representados los pueblos originarios.
No obstante, el Señor Borrell hizo oído sordo de las preocupaciones de los chilenos del exterior manifestando “la disposición de la Unión Europea para acompañar a Chile y su pueblo en el momento histórico de este Proceso Constitucional” y “el compromiso de concluir la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile lo antes posible”. También hablaron del compromiso de fortalecer las instituciones multilaterales, la implementación de soluciones frente a los desafíos globales en la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de las energías verdes y la distribución de la vacuna contra el Covid 19.
Por su parte el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurria, también se comprometió a un asesoramiento y acompañamiento en el Proceso Constituyente; al mismo tiempo que se daba un nuevo impulso a la firma del TTP11 dejando así, todo amarrado antes del inicio del Proceso Constituyente y asegurando el continuismo del modelo neoliberal que tanto daño ha hecho a los pueblos de Chile. Obviamente, que este tipo de acciones deja en evidencia la idea de un intervencionismo diplomático y solapado de parte de la Unión Europea y de la OCDE en nuestro Proceso Constituyente pues el único órgano que tiene potestad soberana para decidir sobre el requerimiento o no de este tipo de asesorías – que, dicho sea de paso, ciertamente va influenciar los contenidos de la nueva Constitución – es la Instancia Constituyente conformada por los constitucionales elegidos mediante la voluntad popular de los chilenos.
Queda claro que cuando la Unión Europea – en plena expansión neoliberal – tiene que elegir entre el respeto de los derechos humanos y el respeto de los negocios, elije estos últimos y no escatima en ir contra los estándares democráticos y los principios de soberanía de los pueblos que dice defender y representar. En ese sentido, la Unión Europea no es más que el reflejo de los 28 gobiernos nacionales que conforman el Consejo Europeo y cuyos integrantes son los que deciden sobre las orientaciones de las políticas europeas.
¡Alerta pueblos del mundo!
Patricia León
Licenciada en Ciencias Políticas
Coordinadora Red Europea de chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos.
Miembro del Colectivo Asamblea Constituyente Chile en Bélgica.
