Álvaro Alarcón – Psicólogo del Trabajo.
Las organizaciones políticas, sociales, sindicales e independientes antineoliberales, tendrán un trabajo intenso en la elaboración de objetivos y proposiciones programáticas y constitucionales de confrontación del neoliberalismo.
A partir de tres textos fundamentales del último Congreso del Partido Comunista, la Convocatoria, el Informe Central y sus Resoluciones, múltiples propuestas serán sometidas a debate colectivo.
Este artículo, es una transcripción muy resumida de algunas ideas contenidas en los documentos mencionados. Su primera intención es invitar a leer, a quienes no lo han hecho ya, dichos trabajos del Congreso PC.
El reciente evento comunista, establece que la contradicción fundamental actual es entre Capital y Trabajo cuando se hace referencia a la transformación de las estructuras constitucionales, de Estado y financieras, erigidas por el neoliberalismo. Conjuntamente, dicha contraposición se establece políticamente en la antinomia Neoliberalismo – Democracia.
El sistema neoliberal es analizado profundamente en su forma de negación de derechos, de posibilidades democráticas, de dignidad y como ente represor de las demandas populares. Marca la inexistencia de un estado solidario y expresa de manera neta de qué modo la apropiación privada de la producción social, genera una preponderancia de salarios al límite de la miseria.
En su contenido operacional, el neoliberalismo chileno es descrito como un modelo de acumulación rentista de la propiedad y la riqueza, caracterizado por una explotación indiscriminada de recursos naturales de bajo valor agregado, posiciones monopólicas, inversiones en empresas de fácil renta, pero de baja sofisticación tecnológica, creando industrias intensivas en capital y recursos naturales con poco trabajo e industrias menos productivas con bajos salarios. Se ha creado una brecha salarial constante con una desigualdad estructural extrema. El control del poder político y económico que detentan los grupos dominantes bloquea la superación de la lógica rentista que predomina en los sectores más dinámicos y rentables.
La Constitución neoliberal actual descarta las aspiraciones populares, pretendiendo negar la potestad constituyente del pueblo de elaborar soberanamente y sin restricciones una nueva Constitución.
Se propone avanzar hacia un Estado Social y Democrático, con una Constitución de derechos a favor de la salud, educación, trabajo, vivienda, libre de violencia de género, que meta fin al abuso y que origine una vida digna para las personas y los colectivos.
Debe ser una Constitución soberana, que reconozca la soberanía del pueblo de manera total, con la opción de un Estado laico, plurinacional y un congreso unicameral, con descentralización del poder. El objetivo es un nuevo desarrollo, con distribución de la riqueza que la sociedad genera, aspirando al abandono total del Estado subsidiario y el extractivismo.
Se constata que la discusión respecto a las alternativas, se extiende en el pueblo, pero no siempre en la superación de los límites del modelo. Es por ello que es necesario reivindicar aún más la supresión del neoliberalismo.
La experiencia del gobierno de Nueva Mayoría, demostró que la mayoría no es siempre suficiente; es necesario impulsar la desaparición del Estado subsidiario y establecer una legítima hegemonía de las fuerzas anti neoliberales.
El proyecto económico debe apuntar hacia una economía abierta y mixta, en un marco variable, pero el Estado debe participar de manera estratégica en la actividad económica matriz, buscando la diversificación y la creación de valor en Chile.
El Estado debe tener un rol activo clave en las políticas públicas, en torno al principio de solidaridad, en la construcción de un nuevo sistema de seguridad social, como una democracia representativa y participativa.
Los municipios y gobiernos regionales, se deben concebir como instancias de gobierno y no administrativas. Conservando un Estado unitario, se deben reconocer estatutos de autonomía territorial y deben radicarse competencias de decisión política y económicas, como el cobro de impuestos, en las regiones y municipios. El Estado plurinacional es parte de este diseño democrático y descentralizado, que implica el reconocimiento de pueblos-naciones originarios, en las sociedades modernas.
Se propicia la regulación de la economía en Chile, a través de un Proyecto Nacional de Desarrollo, que deje atrás las funestas políticas neoliberales. Un nuevo desarrollo, debe tener en su centro el trabajo decente, el respeto al medio ambiente, una diversificación de la matriz productiva, para reducir las brechas de desigualdad salarial, impulsar cadenas de valor agregado, capital humano avanzado, ciencia, tecnología y conocimiento.
La recuperación de las riquezas naturales en poder de grupos económicos locales y transnacionales es fundamental. Pondrá fin, por una parte, a su explotación indiscriminada y a las secuelas socio ambientales, y por otra, permitirá financiar la nueva industrialización “verde” que Chile necesita. La generación de una empresa estatal del Litio, permitirá la promoción a mayor escala de las energías renovables no convencionales.
El desarrollo sustentable que Chile demanda, exige un nuevo sistema tributario, donde el grueso de la recaudación provenga de impuestos directos que graven a los grupos de mayores ingresos. Las empresas deben pagar los impuestos que corresponden.
Es urgente un plan de inversión en ciencia que sustente la investigación fundamental y aplicada, que fomente una cultura de la innovación, así como el emprendimiento asociativo público-privado en áreas de interés nacional. En Chile sólo menos del 0,4% del PIB se destinan a la Ciencia y Tecnología.
La lucha en defensa del medioambiente es un motor en la batalla contra los efectos del neoliberalismo. Las luchas en contra del calentamiento global y depredación del planeta, la defensa del agua, la protección de nuestra biodiversidad, la visión de una real economía circular, sólo pueden ser alcanzadas a través de la superación del neoliberalismo. Nuestra proyección de un Nuevo Modelo de Desarrollo, releva el protagonismo del Estado como propietario y regulador, con iniciativa productiva y propiedad de los recursos naturales.
De igual manera, se debe impulsar una nueva Reforma Agraria que redistribuya la tierra y asegure la propiedad colectiva y comunitaria de los recursos naturales, tanto para el pueblo mapuche, como para los y las campesinas.
El país dispone de recursos para enfrentar tanto, la recuperación de la economía, como para ir en auxilio de la población, que hoy están sin sueldos, que está endeudada, y muchos que no pueden enfrentar sus necesidades básicas. Es por ello que lo ya planteado como medidas y otras, deben constituirse en un plan que oriente al pueblo en los objetivos de la lucha, de exigencias de soluciones inmediatas y mediatas.
El Estado debe reconocer a la salud como parte integrante del Sistema de Seguridad Social que un Estado democrático con enfoque de derechos debe contener.
Nuestra Constitución Política debe establecer de manera urgente y necesaria, el Derecho Universal a la Salud, garantizando el acceso, cobertura integral, universalidad en la gratuidad y solidaridad, como principios fundamentales, resguardando los derechos de la diversidad cultural, sexual o de cualquier otro grupo, garantizando la participación social directa en todos los niveles de atención.
Hay que replantear la creación de un Servicio Nacional de Salud centralizado y unificado, que incluya la Atención Primaria de Salud como eje central, y que revierta la separación de funciones entre la autoridad sanitaria, la gestión de red y la atención primaria de salud, generando una conducción única regional a subregional desde donde se tomen las decisiones de salud. Se debe reducir y subordinar el sector privado de salud ante el público, extender los beneficios al grueso de la población y no solo a los sectores de mayor poder socioeconómico.
Un sistema de salud debe respetar el enfoque de derechos y la participación activa de las personas en las políticas de salud, con la inclusión de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios en las mismas. Asimismo, los trabajadores deben ser parte de la toma de decisiones en salud, en donde la participación de las organizaciones sociales, comunitarias y de usuarios tenga también sentido vinculante y resolutivo.
La lucha por la igualdad de las mujeres y de la diversidad sexual
No podemos supeditar esta lucha, sólo a la lucha de clases. Se constata que el movimiento social y político de mujeres y feminista, se ha venido desarrollando con fuerza desde hace varios años, y ha permitido elevar la consciencia de que se necesita luchar contra el capitalismo y el patriarcado al mismo tiempo.
Chile despertó desde el 18 de octubre y se desató la mayor crisis social e institucional desde la dictadura cívico militar. Las instituciones y la política formal son objeto de las críticas feministas y del movimiento LGTBIQ+ en cuanto a no garantizar derechos ni una vida libre de violencia.
Existen varios feminismos, que incluso pueden tener contrapuntos con nuestras posturas, no obstante, este es un momento en que debemos generar alianzas, puntos de encuentro con otros feminismos, para enfrentar de manera más unitaria y con mayor fuerza el escenario que se desplegó con el estallido social y hoy con la pandemia y crisis económica que han hecho perder derechos y presencia en el mercado laboral a las mujeres.
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
Cuando hablamos de sujetos/as de derechos, el respeto a los niños, niñas y adolescentes, debe ser una realidad a tomar en cuenta. Mas cuando en Chile hay 4.500.000 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, y de éstos, 111.000 son atendidos en programas ambulatorios de la red SENAME y 12.000 NNA se encuentran en residencias o familias de acogida.
La protección universal de los derechos, por un Chile digno, de cara al proceso constituyente, debe abordar imperativamente la realidad de niños, niñas y adolescentes. Elementos claves de propuestas debe surgir: a) los NNA son sujetos de derechos, b) tienen una autonomía progresiva que les permite participar y deben tener un reconocimiento en la nueva constitución, c) debe existir una protección universal e integral a sus derechos, d) exigir la ley de garantías de la niñez que fue presentada en el gobierno de la presidenta Bachelet y que aún se tramita en el Senado, e) promover que puedan votar desde los 16 años. Igualmente, establecimiento de un órgano autónomo de promoción y protección de los DDHH que incluya un defensor de la niñez.
Las Fuerzas Armadas
Uno de los temas centrales del desarrollo del Estado en todos los países, se refiere a la política de defensa en general, y el de las fuerzas armadas en particular. Su importancia proviene no sólo por asegurar la integridad territorial del país, sino también por la relación permanente que debe tener con la política internacional que lleva a cabo el Estado, por la cantidad de recursos que compromete y en el caso de las FF.AA., por el gran poder que desarrolla producto de ser poseedora del monopolio del uso de la fuerza, que en el pasado reciente la llevó a ser el brazo armado de la destrucción de la democracia, factores que la hacen proclive a convertirse en un terreno en disputa.
La constante lucha que hemos dado en las últimas décadas, por conseguir un escenario nacional que asegure el desarrollo democrático y que aleje futuras transgresiones violentas a la vida democrática del país, debe complementarse con una propuesta política de un sistema de conducción y control de las actividades de la defensa. La institucionalidad democrática, debe regular las actividades cotidianas de nuestras FF.AA. y también aquellas de todas las instituciones relacionadas con la defensa, como el Ministerio de Defensa y sus subsecretarías.
Como elementos para la discusión, se proponen las siguientes ideas fuerza:
Fortalecer la institucionalidad democrática, que le permita al mundo civil mayor control y conducción sobre la actividad de la Defensa, entregando mayores atribuciones al Congreso, la Contraloría y el Poder Judicial para fiscalizar las actividades de las FF.AA.
Promover leyes que potencien la conducción del área de Defensa desde los estamentos con representatividad democrática, en particular por parte del Presidente/a de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, avanzando en la creación de un nuevo Consejo de Defensa Nacional con preponderancia civil y participación de todos los actores políticos.
Potenciar con otras fuerzas democráticas, la proyección político-estratégica del país, destinada a un entorno vecinal y regional de paz, que propicie el diálogo democrático para la resolución de conflictos.
Generar la correlación de fuerzas políticas, para transitar hacia un modelo de fuerza militar conjunta, bajo el mando del Estado Mayor Conjunto, terminando con la dinámica en que cada comandante en jefe decide sobre su área de manera independiente.
Fortalecer los mecanismos existentes de participación de la sociedad civil en el ámbito de la Defensa.
Política de inclusión en las FF.AA. hacia la equidad de género, diversidad sexual, integración de pueblos originarios desde sus culturas.
Gratuidad en los procesos de selección en las escuelas matrices al igual que en todas las instituciones de educación superior.
Reducir la competencia de los tribunales de justicia militar.
Profundizar el debate del sistema de pensiones utilizado por las FF.AA., en el marco de la discusión nacional sobre el sistema de pensiones.
Apertura doctrinaria, injerencia en la formación académica y planes de estudio a nivel nacional.
Formación de los contingentes en el extranjero considerando tanto la realidad y las verdaderas necesidades nacionales, como un enfoque amplio y multilateral de la realidad nacional.
Dados los límites circunscritos de nuestras publicaciones, no puedo extenderme más en el contenido de este artículo. Sin embargo, su intención es clara en la idea de difusión, debate e intercambio de todas las iniciativas que enriquezcan la reflexión del momento político que vivimos.
